Trinidad – Beni, 22 de julio de 2026 (GCI).- La Contralora General del Estado interina, Sandra Quiroga Solano, instó a las máximas autoridades y ejecutivos de las entidades públicas del departamento del Beni a asumir un cambio profundo en la administración de los recursos del Estado, basado en la prevención, el fortalecimiento de los controles internos y la transparencia, al recordar que la ciudadanía les confiere la responsabilidad de responder a sus necesidades con dignidad, eficiencia y resultados.

“Estamos en un nuevo ciclo. Estamos en un nuevo momento donde no puede haber tolerancia”, señaló la autoridad durante el conversatorio “Gestión Pública Transparente, Responsable y Orientada a Resultados”, organizado por el Centro de Capacitación (CENCAP) de la Contraloría, en la ciudad de Trinidad.

La actividad reunió a las principales autoridades del departamento, entre ellas el gobernador del Beni, Jesús Egüez Rivero; el alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, Mauricio Barba Iriarte; el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Luis Iván Flores; el presidente de ANDEBENI, Cristian Roberto Velasco; y el rector de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”, José Hillman, quienes participaron junto a representantes de distintas instituciones públicas en un espacio de reflexión sobre los desafíos de la gestión estatal.

En ese contexto, Quiroga recordó que persisten malas prácticas en la función pública y situó en el centro de sus observaciones el uso discrecional e injustificado de los denominados fondos en avance. Advirtió que la falta de seguimiento a la devolución o justificación de estos recursos convierte a los responsables institucionales en colaboradores de la irregularidad.

Asimismo, la Contralora hizo hincapié en la deficiente planificación de las obras públicas, un problema recurrente que deriva, con frecuencia, en proyectos abandonados. También cuestionó las maniobras contables ejecutadas al cierre del ejercicio fiscal para efectuar desembolsos apresurados con el fin de simular niveles ficticios de ejecución presupuestaria.

En ese sentido, subrayó que la firma de los estados financieros constituye una declaración implícita sobre la veracidad de la información presentada, por lo que avalar balances irreales, ocultar gastos prohibidos o registrar bienes sin el debido respaldo puede derivar en acciones legales directas contra los responsables de su gestión.

Si bien la Contraloría ofreció un margen de cooperación y asistencia técnica mediante instructivos destinados a fortalecer las futuras actuaciones administrativas, la autoridad dejó claro que la institución mantendrá una línea firme frente a las irregularidades cometidas en gestiones pasadas.

“De aquí para adelante caminemos juntos, pero hacia atrás no vamos a ser permisivos: quien no haya rendido cuentas, va a tener que hacerlo”, aseveró, al tiempo de convocar a los medios de comunicación, al control social y a todas las instituciones públicas a fortalecer la vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos del Estado.

El conversatorio también contó con la participación del gerente departamental de la Contraloría, Eddie Rivas; la directora del CENCAP, Laritza Arena; además de alcaldes, concejales, asambleístas, ejecutivos y servidores públicos de diferentes municipios e instituciones del departamento, quienes intercambiaron criterios y experiencias orientadas a consolidar una gestión pública más transparente, responsable y enfocada en resultados.