La Paz, 14 septiembre de 2026 (GCI).- La Contralora General del Estado Plurinacional de Bolivia, Sandra Quiroga Solano, y el Contralor General de la República del Perú, César Enrique Aguilar Surichaqui, suscribieron el pasado viernes, en la ciudad de Lima, un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, con el objetivo de establecer un marco general que permita fortalecer la cooperación, el intercambio de conocimientos y experiencias, así como la asistencia técnica en materia de control gubernamental y fiscalización.

“El acuerdo suscrito entre ambas instituciones busca fortalecer los lazos de cooperación existentes y promover acciones conjuntas orientadas a mejorar la eficiencia de las actividades de control gubernamental, la fiscalización del patrimonio del Estado, la transparencia y la lucha contra la corrupción”, dijo Quiroga.

El convenio contempla el intercambio de información, legislación, bibliografía, jurisprudencia y buenas prácticas vinculadas al control gubernamental y la fiscalización, además de la promoción de estrategias, mecanismos y herramientas orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción.

Asimismo, establece la posibilidad de desarrollar proyectos de investigación, brindar asesoría y asistencia técnica especializada, y fortalecer el intercambio de conocimientos en tecnologías de la información, análisis de datos e inteligencia artificial, con el propósito de contribuir al desarrollo y mejora de los sistemas de control.

Como parte de esta cooperación, ambas instituciones podrán impulsar programas de capacitación, seminarios, talleres y cursos dirigidos al fortalecimiento de las capacidades de sus profesionales, especialmente en áreas relacionadas con fiscalización, control gubernamental, participación ciudadana, supervisión y control concurrente, entre otras.

Con este acuerdo, la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia reafirma su compromiso de fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de experiencias con otras Entidades Fiscalizadoras Superiores, contribuyendo a una gestión pública más eficiente, transparente y orientada a la prevención de la corrupción y la protección del patrimonio del Estado.