Contraloría impulsa acciones para fortalecer la gestión ambiental en Bolivia a partir de auditorías especializadas
La Paz, 09 de abril de 2026.- Desde 1993, la Contraloría General del Estado viene desarrollando auditorías especializadas en materia ambiental, en el marco de la Ley N° 1178 (1990) y la Ley N° 1333 del Medio Ambiente (1992), consolidando un trabajo técnico que marcó un hito con la emisión de las primeras Normas de Auditoría Ambiental el 18 de junio de 1998.
A lo largo de más de tres décadas, este enfoque permitió fortalecer el control gubernamental sobre la gestión ambiental. Solo hasta diciembre de 2025, se emitieron 48 informes de auditoría ambiental, orientados a generar recomendaciones para mejorar el desempeño de las entidades públicas y proteger el ambiente y los recursos naturales del país.
En el contexto actual, tras los cambios en la estructura del Órgano Ejecutivo registrados en noviembre de 2025, la Contraloría inició gestiones para ratificar o redefinir los cronogramas de implantación de recomendaciones pendientes, particularmente en auditorías realizadas entre 2021 y 2025, consideradas clave por su impacto en la gestión ambiental.
Auditorías clave que marcan la agenda ambiental
Entre los informes más relevantes destaca la auditoría sobre pasivos ambientales mineros, emitida el 11 de noviembre de 2021, que evidenció debilidades en la gestión estatal para enfrentar cerca de 1.200 pasivos mineros con alto potencial contaminante. Este informe subrayó la urgencia de fortalecer políticas públicas para mitigar impactos en el aire, suelo y agua, así como los riesgos a la salud humana.
Posteriormente, el 29 de diciembre de 2023, se emitió la auditoría sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP’s), la cual identificó deficiencias en la implementación del Convenio de Estocolmo. Este estudio reveló limitaciones en la formulación de políticas, inventarios y programas de gestión, lo que motivó la emisión de ocho recomendaciones, todas aceptadas, para mejorar el control de estas sustancias altamente tóxicas.
Otro hito importante es la auditoría sobre la subcuenca Huanuni, emitida el 15 de noviembre de 2024, que evaluó la implementación del Decreto Supremo N° 0335 de 21 de octubre de 2009. Los resultados fueron contundentes: de 25 objetivos, solo siete se cumplieron, evidenciando fallas en el control de la contaminación minera, la gestión ambiental y la coordinación institucional. A pesar de la promulgación del Decreto Supremo N° 5442 el 13 de agosto de 2024, que declaró emergencia nacional, aún persisten desafíos en la definición de medidas efectivas respecto a los impactos ambientales y los riesgos a la salud de las personas.
Finalmente, el 11 de julio de 2025, se emitió la auditoría sobre adaptación al cambio climático, que evidenció retrasos en la planificación y debilidades en la implementación de acciones frente a fenómenos como sequías, inundaciones y el retroceso de glaciares. Este informe resalta la necesidad de fortalecer la gestión pública para enfrentar los impactos del cambio climático en sectores clave como el agua y la seguridad alimentaria.
Hacia una gestión ambiental más efectiva
Actualmente, la Contraloría coordina reuniones con las entidades responsables para reactivar y mejorar los cronogramas de cumplimiento de las recomendaciones, considerando la nueva estructura institucional del Estado. Estas acciones buscan corregir deficiencias detectadas en la gestión 2025 y garantizar continuidad en las políticas públicas ambientales.
Con este trabajo, la entidad reafirma su rol en el fortalecimiento del control gubernamental y en la promoción de una gestión ambiental más eficiente, orientada a la protección de los recursos naturales y al bienestar de la población boliviana.